Descripción
El 11 de junio, la Comisión Europea publicó la 12ª edición del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE, un panorama anual que ofrece datos comparativos sobre la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. En comparación con el año pasado, la percepción de los ciudadanos sobre la independencia del poder judicial ha mejorado, incluso en los países que se enfrentan a retos sistémicos.
Lanzado en 2013, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE es utilizado por la Comisión para supervisar las reformas judiciales en los Estados miembros y es una de las herramientas de la UE para el Estado de Derecho. Examina, en particular, los tres elementos principales que hacen que un sistema judicial sea eficaz
- eficiencia: indicadores relativos a la duración de los procedimientos, el índice de rotación y el número de casos pendientes;
- calidad: indicadores relacionados con la accesibilidad (como la asistencia jurídica gratuita y las tasas judiciales), la formación, el presupuesto y los salarios de jueces y fiscales, los recursos humanos y la digitalización;
- independencia: indicadores relacionados con la independencia del poder judicial percibida por los ciudadanos.
El cuadro de indicadores de este año contiene varios gráficos nuevos sobre la accesibilidad de la justicia, por ejemplo, sobre la accesibilidad de las profesiones de la justicia para las personas con discapacidad, la accesibilidad de la justicia para los consumidores a efectos de interponer acciones representativas para proteger sus intereses colectivos, sobre los salarios del personal especializado en los tribunales y fiscalías y sobre los notarios y sus competencias en los procedimientos sucesorios. La edición de 2024 también incluye, por primera vez, nuevos cuadros específicos sobre la independencia judicial, por ejemplo, sobre el nombramiento de los presidentes de los tribunales, los marcos nacionales sobre las declaraciones de bienes y la destitución de los fiscales generales.
Principales resultados del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE 2024:
- La percepción de la independencia judicial ha mejorado, incluso entre los países que se enfrentan a retos sistémicos: una encuesta del Eurobarómetro realizada a los ciudadanos muestra que, desde 2016, la percepción de los ciudadanos sobre la independencia judicial ha mejorado o se ha mantenido estable en 19 Estados miembros. En cuanto a las empresas, otra encuesta del Eurobarómetro muestra que la percepción de la independencia ha mejorado o se ha mantenido estable en 19 Estados miembros desde 2016. La percepción de la independencia del poder judicial ha mejorado, tanto entre los ciudadanos como entre las empresas, incluso en países que se han enfrentado a retos sistémicos en relación con la independencia del poder judicial.
- Una visión general sobre el nombramiento de fiscales y la destitución del fiscal general: en 14 Estados miembros, los fiscales son nombrados por consejos fiscales independientes o por las propias fiscalías. El poder del ejecutivo (Ministro de Justicia, Gobierno o Jefe de Estado) para nombrar fiscales está sujeto a control judicial en casi todos los 12 Estados miembros en los que los fiscales son nombrados de esta forma. En casi todos estos 12 Estados miembros, también es obligatorio exponer las razones por las que se rechaza una candidatura a fiscal. 20 Estados miembros confieren al ejecutivo o al parlamento la facultad de destituir al fiscal (en cinco de ellos a propuesta del Consejo de Justicia), mientras que en seis Estados miembros esta facultad se confiere al Consejo de Justicia. 16 Estados miembros ofrecen la posibilidad de revisión de la decisión.
- Potencial actual para mejorar la digitalización de los sistemas judiciales: Solo seis Estados miembros cuentan con normas procesales que permiten la admisibilidad de pruebas en formato digital en asuntos civiles, mercantiles, administrativos y penales. En 26 Estados miembros, esto es posible para algunos casos o en algunos ámbitos del Derecho. Por otra parte, los resultados de la edición de este año revelan que aún hay margen de mejora en lo que respecta a la posibilidad de incoar un procedimiento o presentar una solicitud en línea. Nueve Estados miembros prevén esta posibilidad sólo en determinadas situaciones o no la permiten en absoluto.
- En la mayoría de los Estados miembros existen disposiciones específicas que apoyan la participación de las personas con discapacidad en el sistema judicial como profesionales: en 20 Estados miembros existen al menos algunas disposiciones específicas que apoyan la participación de las personas con discapacidad.
- Diversos grados de disposiciones específicas para los procedimientos adaptados a los niños que participan como víctimas, sospechosos o acusados: en 26 Estados miembros se facilita información sobre los derechos de la víctima o el sospechoso y sobre los procedimientos adaptados a los niños, y en 18 Estados miembros los procedimientos penales en los que están implicados niños se tramitan con carácter de urgencia.
Los resultados del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE 2024 se tuvieron en cuenta en la evaluación específica por países realizada en el contexto del Semestre Europeo 2024 y en la evaluación de la aplicación de los Planes de Recuperación y Resiliencia de los Estados miembros y el Informe Anual sobre el Estado de Derecho. En 2024, la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible (que establece orientaciones políticas para mitigar los efectos negativos de las crisis energéticas, promover el crecimiento sostenible y aumentar la resiliencia de la UE) reafirma el vínculo entre unos sistemas judiciales eficaces y una economía al servicio de los ciudadanos de los Estados miembros. Unos sistemas judiciales que funcionen bien y sean plenamente independientes repercuten positivamente en las decisiones de inversión y en la disposición de todos los agentes a emprender proyectos de inversión.
En el marco del Programa de Justicia 2021-2027, la UE pone a disposición más de 305 millones de euros para seguir desarrollando un espacio europeo de justicia. También contribuirá a mejorar la eficacia de los sistemas judiciales nacionales y a reforzar el Estado de Derecho, la democracia y la protección de los derechos fundamentales, entre otras cosas garantizando el acceso efectivo de los ciudadanos y las empresas a la justicia. El programa financia actividades de formación de jueces y otros profesionales de la justicia, aprendizaje mutuo, cooperación judicial y sensibilización.
Fuente y fotos: Comisión Europea